La zona en disputa en el mar Caribe colombo-nicaragüense está en la mira de las compañías extractivistas del petróleo y de otros recursos naturales. Foto: Francisco Ramos. Miniaturas

Desde hace 15 años Nicaragua y Colombia se enfrentan en un litigio limítrofe por la posesión territorial de los espacios que ambos países comparten en el mar Caribe.

En un artículo de análisis publicado en UN Periódico, la profesora Silvia Mantilla Valbuena, de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Caribe, señala que las acciones que se adelanten deben contar con la participación del pueblo Raizal y de los pescadores que conviven en el territorio.

Según la experta, varios casos de reservas de biosfera binacionales, e incluso trinacionales, podrían servir como ejemplos para que Colombia, Nicaragua, y, por qué no, los demás países que rodean la reserva, decidan avanzar en la cooperación como alternativa para ampliar su proyección geográfica y superar así los riesgos asociados con el conflicto y la indeterminación en esta frágil zona del mar Caribe.

Por ejemplo, la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo entre el sur de España y el norte de Marruecos –en una región ecológica separada por el mar Mediterráneo– y que aun en medio de una disputa limítrofe por un maritorio indefinido y conflictos entre ambos estados, logró su adecuado funcionamiento e institucionalización.

Otro ejemplo es el de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Trifinio-Fraternidad entre Guatemala, Honduras y El Salvador (zona de 7.241 km2), que resalta las particularidades del contexto centroamericano, también vinculado a una visión altamente soberanista de las fronteras.

“Sin ir muy lejos del Caribe, a partir del tratado Sanín-Robertson de delimitación marítima de 1993, Colombia y Jamaica delimitaron un Área de Régimen Común en el cual ambos países se comprometen a la protección y preservación del medio marino, la conservación de los recursos vivos y la investigación científica marina, entre otros”, amplía.

En opinión de la profesora Mantilla, esto supone que Colombia ya tiene una experiencia previa de comanejo en sus áreas marítimas del Caribe, que también podría ser punto de referencia para la protección de la reserva en común con Nicaragua”.

“Desde abajo”

La experta recuerda que desde hace 15 años Nicaragua y Colombia se enfrentan en un litigio limítrofe por la posesión territorial de los espacios que ambos países comparten en el mar Caribe. Sin embargo, “este tiempo no ha sido suficiente para que los dos países adelanten de manera simultánea políticas de cooperación a partir de una mínima visión compartida de las áreas marítimas en disputa”.

Según la docente, el constante secretismo de los gobiernos y su desinterés por las poblaciones que habitan los territorios de frontera en el Caribe han impedido reconocer que todo lo dividido en la adjudicación indiscriminada de las enormes áreas marítimas en disputa pertenece a una delicada zona ambiental, humana y sociocultural que merece un tratamiento especial a pesar del litigio.

Por ejemplo, en 2000 la Unesco declaró al departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como Reserva de la Biosfera Seaflower, junto con la declaración de Área Marina Protegida de alrededor de 65.000 m2.

“En este espacio existe un entramado medioambiental vinculado a una gran cantidad de especies endémicas, manglares, arrecifes de coral y vegetación marina, entre otros, que son muy importantes no solo para la estabilidad ecológica de la región sino para la humanidad”, destaca.

La profesora resalta que más allá de las posibilidades de un efectivo manejo compartido de la Seaflower, el desarrollo de estas acciones de cooperación se debe agenciar con la participación del pueblo Raizal y de los pescadores que conviven en el territorio, realizan intercambios, conocen sus dinámicas y tienen una concepción ambiental en la apropiación de este.

Según la docente de la Sede Caribe, la generación de mecanismos institucionales formales y no formales se debe gestar en un ambiente favorable para lograr mecanismos de integración y cooperación “desde abajo”, en el que los estados sean acompañantes y garantes de dichos acuerdos, más que ejecutores ajenos a las formas particulares de administración del territorio.

A manera de conclusión, en su texto de análisis la profesora señala que se sabe que en medio de un litigio los estados son reacios a cooperar, máxime cuando las zonas en disputa –como es el caso del mar Caribe colombo-nicaragüense– están en la mira de las compañías extractivistas del petróleo y de otros recursos naturales, pero es precisamente por la amenaza que este hecho representa para el adecuado funcionamiento ambiental de la reserva, que es hora de que negocien, atiendan el llamado de sus comunidades fronterizas y cumplan con su mandato obligatorio de proteger los entornos que, como la Reserva de la Biosfera Seaflower, se constituyen en reservorio ambiental para el desarrollo futuro y sostenible del Caribe y de la humanidad.