2015-05-08Dejémonos de vainas: las consultas populares para temas mineros son viables
Semana |Antes de la consulta popular de Piedras, no se había hecho ninguna, pero eso no significa que no fueran obligatorias, mucho menos que no sean legales.La pregunta sobre si las consultas populares en relación con proyectos mineros son viables, volvió a estar sobre la mesa tras el “Decreto navideño” (Decreto 2691 de 2014), la votación del Concejo del municipio de Cajamarca (Tolima) en contra de realizar la consulta popular que había propuesto el alcalde y la ciudadanía para definir si la gente quiere proyectos mineros o no, y el nuevo Estatuto de participación ciudadana. Lo cierto es que no debería haber ninguna duda sobre la legalidad de hacerlas.
Desde hace más de 20 años, la Ley 136 de 1994 (artículo 33), explícitamente dice que ante la posibilidad de hacer proyectos mineros, es obligatorio hacer una consulta popular. No es facultativo hacer la consulta, la norma es muy clara en decir que es obligatorio. Antes de la consulta popular de Piedras, no se había hecho ninguna, pero eso no significa que no fueran obligatorias, mucho menos que no sean legales.
Un argumento común para decir que la consulta popular en temas mineros no es viable es que el subsuelo es del Estado. Sin embargo, la Constitución también establece que los Concejos municipales son los competentes para “reglamentar los usos del suelo”. La actividad minera tiene lugar no solo en el subsuelo sino también en el suelo y además no hay forma de llegar al subsuelo sin pasar por el suelo. Por ello, es competencia de los municipios decidir sobre las actividades mineras que se hagan en su territorio.
Como si fuera poco, la Corte Constitucional (Sentencia C-123/2014) estableció que se deberá garantizar la participación activa y eficaz de los municipios en las decisiones sobre la prohibición o realización de actividades mineras. Y ¿qué mejor forma para contar con la participación de los municipios que una consulta popular en la que los propios ciudadanos tomen las decisiones? Además la Constitución prevé el derecho de los ciudadanos a participar en decisiones que afecten el medio ambiente.
El último sello de legitimidad a las consultas en temas mineros lo dio el Consejo de Estado. En septiembre del año pasado, suspendió temporalmente —es decir dejó sin efectos jurídicos- un decreto que prohibía a los municipios restringir la minería en su territorio. Para el Consejo, esta restricción viola la autonomía de los municipios para regular el suelo y tomar medidas necesarias para preservar el medio ambiente.
Así que dejémonos de vainas. Las consultas populares en materia minera son legales. Además, si queremos una paz territorial, deberíamos comenzar por permitirles a los municipios y sus ciudadanos decidir sobre el tipo de desarrollo que quieren.
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