Presidenta Bachelet y Presidente-electo Piñera. Foto Wikimedia Commons.

En 2010, cuando Sebastián Piñera llegó por primera vez al Palacio de la Moneda, lo hizo liderando una coalición de derecha que por primera vez después de 52 años ascendía al poder de manera democrática; en ese momento había derrotado en segunda vuelta a la Concertación de Partidos por la Democracia, alianza de centro-izquierda que gobernó el país austral desde el final de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

En esa oportunidad –2010-2014– el principal desafío del empresario multimillonario fue manejar el Gobierno e implementar políticas privatizadoras y desreguladoras que profundizaron el modelo neoliberal que la Concertación trató de modificar. El gobierno de Piñera se recuerda por el crecimiento económico (un promedio de 5,3 %), la generación de empleo, las protestas estudiantiles, la crisis de los 33 mineros rescatados tras 69 días atrapados en una mina, y un terremoto que dejó 525 muertos. La falta de experiencia de sus colaboradores en el manejo del Estado, y de destreza política del ejecutivo para manejar la Coalición por el Cambio, mantuvo a Piñera casi siempre en niveles de aprobación ciudadana por debajo del 50 %.

Precisamente el tema más controversial será el de las diferentes visiones que existen en Chile con respecto a lo que se entiende por “bienestar” y los instrumentos que se utilizarán para procurarlo.

Cuatro años después, Piñera Echenique regresa a la sede del ejecutivo en un momento en el que las demandas de la sociedad chilena continúan centradas en una aspiración por mayor igualdad. En relación con la economía, lo favorecerá la finalización de los años de bajo crecimiento estimado por el Banco Central, el cual proyecta que en 2018 el país crecerá entre 2,5 % y 3,5 %, muy por encima del 1,4 % estimado para 2017. Así, el primer desafío será que ese mayor crecimiento se traduzca en mayor bienestar social, y que además sea sostenible.

Precisamente el tema más controversial será el de las diferentes visiones que existen en Chile con respecto a lo que se entiende por “bienestar” y los instrumentos que se utilizarán para procurarlo. El presidente y su coalición Chile Vamos (que agrupa partidos de centro y derecha) afirman que el mercado es el mejor adjudicador de recursos económicos, y por ende de bienestar; en ese sentido, mientras la empresa y los emprendedores son los llamados a crear riqueza, el Estado debe asegurar las condiciones de libertad para que esto suceda.

Sin embargo el mandatario deberá aprobar políticas con un Congreso disgregado y sin mayorías, en el cual por primera vez –debido al nuevo sistema electoral proporcional– estarán otros grupos ajenos a la lógica binominal de coaliciones que caracterizó a la política chilena desde el retorno a la democracia. La mayoría de estos proviene de la izquierda y sus miembros tienen una visión crítica del modelo neoliberal chileno, desconfían del mercado y plantean un Estado que provea políticas que garanticen los derechos sociales universales.

El presidente proviene del sector privado y como tal sus relaciones políticas están intermediadas por este vínculo. Basta ver su primer gabinete para evidenciar esta relación.

Por eso el segundo desafío será adaptarse al nuevo y diverso escenario multipartidista. El gobierno de Michelle Bachelet implementó reformas estructurales como el cambio al sistema electoral, el funcionamiento de los partidos, la relación dinero-política, la reforma laboral, la despenalización del aborto en tres causales, la gratuidad de la educación y la reforma tributaria, las cuales deberán ser administradas con una lógica distinta a la original. La tensión política que esto generará en un nuevo contexto partidario requerirá de destrezas de gestión no menores.

Evitar tensiones y polarización

Un tercer reto para el cuadragésimo presidente de Chile es la relación que tendrá el Gobierno con la sociedad, en especial con grupos que proponen cambios estructurales en educación, pensiones y salud. El ejecutivo deberá fortalecer su capacidad de diagnóstico, de prevención de conflictos y de articulación entre las diversas visiones y políticas existentes tanto en la coalición de gobierno como con las demandas ciudadanas. Ejemplo de esto serán los temas relacionados con la adopción homoparental y el matrimonio homosexual.

Otra importante apuesta –la cuarta– serán las relaciones entre el poder político y el empresarial, un tema que persiguió a Piñera en su primera administración –debido al controvertido mecanismo para la administración externa de su patrimonio–, y que acaparará de nuevo la atención de la sociedad civil que vigila la grisácea relación entre el poder y el dinero de los empresarios.

El presidente proviene del sector privado y como tal sus relaciones políticas están intermediadas por este vínculo. Basta ver su primer gabinete para evidenciar esta relación: su ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno –que hasta antes de ser nombrado estaba a la cabeza de la Corporación de la Producción y el Comercio– será el encargado de vincular Estado, empresa y grupos vulnerables, apuesta inédita que ya ha puesto en tela de juicio la posibilidad de éxito, ya que es la primera vez que el área social del Gobierno quedará a cargo de alguien proveniente del sector privado.

El quinto desafío se relaciona con la propia coalición de gobierno y la capacidad del presidente para articularla. El fuerte presidencialismo chileno confiere al primer mandatario un rol clave en el manejo de sus alianzas; es él quien debe coordinar a los partidos y sus militantes.

Teniendo en cuenta lo anterior, durante el primer gobierno de Piñera dicha función fue deficitaria debido, en parte, a que su tendencia a tomar decisiones de manera independiente generó fuertes roces con los partidos. Tal situación se podría agravar en este segundo mandato, toda vez que Chile Vamos es una coalición más amplia. A los partidos tradicionales de derecha –Renovación Nacional (rn) y Unión Demócrata Independiente (udi)– se suma Evolución Política (Evópoli), nueva agrupación con buen rendimiento en las pasadas elecciones parlamentarias, que se aleja de la fisura democracia-dictadura. El presidente lo ha incorporado al gabinete, concretamente a la Secretaría General de la Presidencia, cartera encargada de coordinar las relaciones con el Congreso. Está por verse cómo se articularán las fuerzas entre tres partidos cuando el Gobierno eche a andar.

Complicando el panorama, al igual que en el gobierno anterior, Piñera también tendrá dentro de su gabinete 12 miembros independientes. En un gobierno de coalición dicha presencia reduce el espacio de influencia de los partidos, cuestión que para estos es fundamental y es la razón por la cual apoyan a los candidatos presidenciales. Como señaló un miembro del nuevo gabinete, se necesitará “más Word y menos Excel”, en alusión a la necesidad de practicar más política y menos gestión. Y un dato más: seis de los 23 ministros ya nombrados formaron parte de la primera administración y repiten en la segunda.

El último desafío tiene que ver con la proyección del proyecto político del nuevo presidente chileno y su gobierno. A diferencia de la experiencia anterior, que terminó en una derrota al perder las elecciones presidenciales, Piñera y su sector tienen la aspiración de que esta vez sea diferente por proyectar la derecha en el poder por varios años más.

El reto estará, entonces, en la capacidad de construir y mantener una mayoría política a partir de los sueños, las necesidades y la organización de la compleja y demandante sociedad chilena actual. Para esto es esencial la lectura que se haga de esta; lectura que necesariamente debe considerar la complejidad social y no solo una mirada centrada en el mercado como eje articulador de las relaciones sociales.