las regalías han sido objeto de un “manoseo político”. Fuente Agencia de Noticias UN.

En ese sentido, el rector de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), profesor Ignacio Mantilla Prada, formuló un enérgico llamado a las autoridades gubernamentales “para que se revise detalladamente la reglamentación y el modelo de asignación y distribución de las regalías", en la medida en que existe un sinnúmero de barreras para que la comunidad pueda acceder a los recursos y usarlos.

De acuerdo con el directivo, el Gobierno nacional debe comprender que toda inversión en educación superior se recupera con creces y repercute en todos los espacios de la vida cultural, ambiental, comercial y económica del país.

En el marco del foro “Regalías. Ciencia, tecnología e innovación como vehículo del desarrollo social, económico y ambiental”, que contó con el auspicio del Centro de Altos Estudios Legislativos del Senado de la República y la Vicerrectoría de Investigación de la U.N., miembros de la comunidad académica, representantes del Congreso de la República, gobernaciones y entidades gubernamentales expresaron sus puntos de vista respecto a la manera como viene operando el Sistema y los correctivos que se deben implementar.

El rector Mantilla destacó que “las universidades que cuenten con mayores presupuestos para la investigación y el desarrollo tecnológico podrán contribuir al desarrollo y posicionamiento de una industria nacional que se vea fortalecida por las innovaciones locales, con independencia de factores externos y mayor posibilidad de ahorrar costos en la compra de tecnologías y repuestos foráneos”.

Manoseo político

A su turno, el secretario general del Senado, Gregorio Eljach Pacheco, llamó la atención sobre el hecho de que las regalías han sido objeto de un “manoseo político”, al que se suma la deficiente financiación del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Por esta razón también insistió en que la academia debe tener un papel más activo en las deliberaciones que tengan lugar en el Congreso de la República sobre la implementación de la reforma al Fondo.

En tal sentido, la senadora Arleth Casado destacó que aunque ciencia, innovación y tecnología debían ser consideradas como los tres grandes motores del desarrollo y la interacción social, los recursos asignados para estas son mucho menores que en otros países de Latinoamérica.

“La academia, y no solo las gobernaciones, deben tener una participación más activa para garantizar la calidad y el alcance de los nuevos proyectos que se presenten”, declaró la legisladora.

Según la contralora delegada intersectorial, Luz Amanda Granados, se ha establecido que a la fecha el 20 % de los proyectos carecen de una calidad adecuada y el Fondo ha terminado subordinando los actores académicos a los políticos.

La funcionaria llamó la atención tanto sobre la necesidad de que Colciencias tenga un papel más protagónico como acerca de la importancia de optimizar la jerarquización de los programas y proyectos, además de la articulación de las becas para formación posdoctoral a proyectos y programas en curso.

Pocos proyectos aprobados

Para Juan Pablo Remolina, subdirector de Regalías del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el total de proyectos aprobados solo llegaba a un 47 %, y hasta el mes pasado se tenían 375 proyectos aprobados, por valor de 3,2 billones de pesos, ejecutados en su gran mayoría por las gobernaciones.

“De 176 proyectos visitados por el DNP, 26 están considerados como críticos por falencias o retrasos significativos, entre otros”, precisó el funcionario, quien además señaló que el 82 % de estos proyectos tiene graves falencias de interventoría.

Según Alejandro Olaya, subdirector de Colciencias, el Acto Legislativo n.° 4 del 8 de septiembre de 2017 contribuirá a mejorar el funcionamiento del Sistema General de Regalías. Recalcó además que existen suficientes proyectos para ser presentados al Fondo. De hecho, Colciencias tiene un registro de 11.000 que deberán ser evaluados, frente a 225 que se han presentado.

Administradoras de recursos

Francisco Antonio Uribe, representante de la Universidad Tecnológica de Pereira, consideró que las universidades acreditadas con alta calidad deben administrar y ejecutar los recursos, e insiste en la necesidad de mejorar los procesos de selección, ejecución e interventoría de los proyectos.

Sobre el particular, Iván Suárez, representante de la Gobernación del Meta, recordó que los trámites que exige el Fondo dificultan la presentación de nuevos proyectos.

De acuerdo con María Patricia Arbeláez, vicerrectora de Investigación de la Universidad de Antioquia, existe una desarmonización entre universidades y entidades territoriales, pues a su juicio “las lógicas y los tiempos de académicos e investigadores son distintos a los de las entidades territoriales”.

Para la representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez resulta lamentable que el país no cuente con un plan de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, además de reconocer que los proyectos de estas áreas no se pueden incluir en los mismos formatos para construir un hospital o una escuela.

“El Estado tiene una deuda social con las universidades públicas y existe la necesidad de fortalecer sus centros de investigación”, puntualizó la parlamentaria.