Según cálculos recientes, 1.280 de los 3.208 km de línea de costa colombiana están en retroceso por erosión, en algunos tramos a razón de más de un metro por año. Foto: archivo Unimedios

El privilegio de Colombia de contar con amplios espacios marinos, oceánicos y costeros en el mar Caribe y en el océano Pacífico implica una enorme y creciente responsabilidad de garantizar las posibilidades de disfrutar de los múltiples servicios que prestan sus ecosistemas.

También es cada vez mayor el grado de compromiso que exigen al país los distintos tratados internacionales que propenden por salvaguardar los mares y océanos, bajo el entendido de que se trata de un único ecosistema global que no reconoce límites políticos ni fronteras convencionales.

Pese a su privilegio, históricamente Colombia ha sido una nación con poca vocación marítima. Durante más de 150 años sus gobernantes contemplaron los mares desde el altiplano como las últimas fronteras que albergaban toda suerte de riquezas para el futuro y que digerían impasibles todos los desechos que se les arrojaban, ignorando, a la vez, los procesos ecológicos y sociales que allí tenían lugar.

Fue hasta la década del setenta que el país se percató del potencial de sus dos mares para elevar las cifras de desarrollo. En ello influyó la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1973-1982); la creación de la Comisión Colombiana de Oceanografía; los primeros programas universitarios en ciencias del mar; la consolidación del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas en Cartagena y del Instituto de Investigaciones Marinas en Santa Marta, y la conformación y expansión de la flota pesquera nacional.

Sin embargo, en ese tardío deslumbramiento han pasado inadvertidas las evidencias que mostraban que ese universo que Colombia empezaba a descubrir experimentaba cambios más rápidos que los avances que hacía el país para conocerlo. Hoy, transcurridas apenas tres décadas desde ese despertar, abruma saber que la promesa de riquezas casi ilimitadas y de fuentes de bienestar para la humanidad parece esfumarse.

En la actualidad varias pesquerías de recursos mundiales importantes han colapsado (su escasez hace que la extracción no sea rentable), como la del bacalao en el Atlántico norte, el 31 % de las poblaciones de peces marinos están sobreexplotadas y el 58 % están siendo explotadas al límite. Algunos expertos prevén que, de seguir así, todos los recursos pesqueros que hoy constituyen la principal fuente de proteína animal para alrededor del 17 % de la población mundial se habrán agotado en menos de 40 años.

Cada año, cerca de 10 millones de toneladas de basura van a parar a los mares y océanos del mundo. En ciertas regiones del Pacífico y del Atlántico se ha concentrado tal cantidad de residuos que la superficie del mar, en cientos de kilómetros cuadrados, parece una gigantesca “sopa de plástico”.

Por si fuera poco, a diario se vierten a los océanos ingentes cantidades de líquidos con metales pesados, pesticidas y otros compuestos tóxicos que han convertido muchos estuarios y amplias extensiones de mar en cloacas y desiertos sin vida. A lo anterior se suma la llegada de especies exóticas a las aguas costeras de muchas regiones, manifestación inequívoca e implacable del cambio climático global.

La situación descrita no escapa a las tendencias globales, ni la forma en que Colombia ha aprovechado los servicios ecosistémicos de sus dos mares.

La última medición global del Índice de Salud de los Océanos, realizada en 2015, le otorgó a Colombia una calificación de 61 puntos sobre 100, muy por debajo de los 70 puntos del promedio global. Esta evalúa la importancia y la eficiencia del manejo que le dan 221 países a 10 variables que, en conjunto, reflejan los beneficios potenciales mencionados de sus respectivas zonas económicas exclusivas (ZEE). Las mayores deficiencias de Colombia en esta medición correspondieron a la pesca, la maricultura y el turismo.

Mientras las dificultades para la estructura de soporte de los servicios ecosistémicos marinos crecen y los tratados internacionales se vuelven más exigentes, la respuesta del país es demasiado tímida.

Respuesta multisectorial

En términos de gobernanza de los espacios marítimos, Colombia sigue aferrada a una estructura que le permite a cada sector económico, por separado, hacer sus planes de aprovechamiento y acceder al espacio y a los recursos.

Entretanto, al sector ambiental, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de las corporaciones autónomas regionales (CAR) con jurisdicción costera, le cabe desde 2011 la descomunal tarea de procurar la sostenibilidad de unos bienes de uso público mediante la implementación de planes de ordenamiento y manejo de las unidades ambientales costeras (UAC).

Ahora bien, tratándose de espacios de uso público, en los que confluyen diversos intereses sectoriales, el proceso de planificación de los usos debería ser participativo y consensuado con todos los sectores interesados y con las comunidades asentadas en los territorios, bajo el liderazgo de un ente estatal neutral, con amplia capacidad de convocatoria y suficiente legitimidad política.

Hasta ahora los juiciosos intentos de las CAR costeras –autoridades ambientales regionales que representan al menos musculoso de los ministerios–, a veces con ayuda técnica de la academia o de algunas ONG, por acatar el mandato del Ministerio (decreto 1120 de 2013), en relación con la formulación de los planes de ordenamiento y manejo integrado de las UAC, se van quedando en meros ejercicios teóricos hasta que los demás sectores se involucren en el proceso.

En efecto, basta con analizar los planes individuales de los sectores portuario, pesquero, defensa, hidrocarburos y turístico para percatarse de que en su mayoría no han dado espera a la formulación cabal de los mencionados planes de ordenamiento y hasta ignoran cualquier consideración de orden ambiental.

Nueva gobernanza

Por otra parte, como signataria del Convenio sobre Diversidad Biológica, para 2020 Colombia debe cumplir la meta de establecer un sistema de áreas marinas protegidas que abarque al menos un 10 % de sus ZEE, meta acordada en 2010 en Nagoya (Japón).

Gracias a los grandes y recientes esfuerzos la meta no está muy lejos. Estos han consistido en la creación de los parques nacionales naturales de Bahía Málaga, Corales de Profundidad y Bahía Portete, y varios distritos regionales de manejo integrado costeros, incorporación de la Reserva de la Biosfera Seaflower del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Sin embargo todavía se está lejos de lograr un ordenamiento de las actividades humanas en nuestros dos mares que minimice los conflictos, y de vislumbrar un manejo efectivo que garantice la sostenibilidad de los otrora promisorios recursos que todavía albergan.

La magnitud de las pretensiones sectoriales por explotar lo poco de mar que aún nos queda obliga a replantear el proceder del país con su “última frontera”, y de elaborar un nuevo esquema de gobernanza para esos dos mares que se nos han quedado pequeños. De lo contrario, las futuras generaciones de colombianos nos reprocharán por irresponsables.