Son numerosas las ocasiones en las que nos vemos enfrentados a demostrar que somos quienes decimos ser. Tener la posibilidad de dar pruebas de nuestra identidad (para lo cual es necesario que exista un marco de confianza que permita a todos los actores tener certeza de con quién están tratando), es contar con una llave que nos abre el acceso a infinidad de servicios tanto del sector público como el privado y, por ende, se hace difícil exagerar la importancia de las pruebas de identidad para nuestro desarrollo personal y el de la sociedad en su conjunto. No en vano la Convención sobre los Derechos del Niño de UNICEF incluye el derecho al reconocimiento y preservación de la identidad.
Con el advenimiento de la economía digital, las interacciones y transacciones que hasta ahora solo se realizaban en forma presencial están empezando a ejecutarse a través de sistemas de información interconectados y vía web. Así, surge naturalmente el rol crítico que la identidad digital comienza a jugar. Esta se puede definir como el conjunto de elementos de hardware o software que permiten que una persona se identifique y sea autenticada, obtenga los permisos para acceder a determinados recursos de información o físicos (por ejemplo, el acceso a un área) y realice transacciones a través de Internet o redes privadas.
A fines del 2016, la División Innovación para Servir al Ciudadano (ICS) del BID organizó el seminario “Gestión de la Identidad y su Impacto en la Economía Digital”, donde se discutieron los aspectos más relevantes de la gestión de la identidad, tales como el valor de la confianza como habilitante del sistema, la necesidad o no de incluir biometría, los factores críticos de éxito, los sistemas en uso en el plano internacional y los roles del sector privado y el gobierno. Una publicación recientemente lanzada resume las conclusiones alcanzadas e incluye las lecciones aprendidas de las experiencias de Estonia y España.
La conclusión principal es que existe a nivel mundial una gran variedad de esquemas de identidad legal física, lo cual condiciona las alternativas que se toman en cuenta en cada país para el desarrollo de la identidad digital. Los factores que llevan a cada país a adoptar un modelo u otros son: i) culturales (por ejemplo, la captura rutinaria por parte del Estado de los datos biométricos de cada persona se hace con total naturalidad en algunos países mientras que en otros es algo inadmisible); ii) políticos o de tradición administrativa (por ejemplo, la existencia o no de un federalismo fuerte), y iii) técnicos (por ejemplo, las decisiones respecto a la unicidad u obligatoriedad de un documento nacional se toman después de realizar un análisis de costo-efectividad).
Una segunda conclusión es que el aprovechamiento por parte de cada persona de las oportunidades que ofrece la era digital depende básicamente de contar con: i) conectividad; ii) un dispositivo de conexión y el conocimiento para utilizarlo, y iii) una identidad digital. Claramente, sin la tercera se podrá utilizar Internet y aprovechar algunas de sus ventajas, por ejemplo, el acceso a información. Sin embargo, no se podrán realizar transacciones que requieran verificación de identidad, como las mencionadas al principio de este artículo.
Asimismo, de la comparación de los procesos de adopción en Estonia y España se concluye que quizá un modelo centralizado como el estonio, prácticamente obligatorio y basado en un número muy reducido de alternativas, simplifica y facilita la adopción. Ahora bien, puede ser difícil de aplicar en países con burocracias de larga y compleja trayectoria.
Por último, casos exitosos como los de Estonia y Canadá muestran que los esfuerzos coordinados entre el sector público y el privado son clave para el desarrollo de sistemas de identidad digital sólidos. Debe tenerse en cuenta, sobre todo, el rol del sistema financiero como principal consumidor de servicios de identificación y autenticación de la economía. Un esquema acordado entre el sector público y el financiero no solo genera economías, sino que cataliza el proceso de adopción por parte de la población.
Artículos escritos por autores invitados.
Alejandro Pareja Glass, es Especialista en Modernización del estado del BID. Ingeniero en Telecomunicaciones, PMP, con varios años de experiencia en proyectos de implementación de software de negocio, diseño de procesos de negocio, BPM y gobierno electrónico en Argentina, México, España, Chile y Uruguay. Trabajó en proyectos para empresas de servicios públicos y logística y para varios organismos de gobierno (agricultura, medio ambiente, minería, trabajo y atención ciudadana). Sigue a Alejandro en Twitter @aparejagl
Florencia Serale, trabaja como consultora en temas de identificación y gobierno abierto en la División de Capacidad Institucional del Estado del BID. Es Argentina, egresada de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) donde se graduó de Licenciada en Economía. Actualmente, se encuentra preparando su tesis de Maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés (UDESA). Florencia se desempeñó como Asistente de Investigación y posteriormente como Analista de Operaciones en la Representación del BID en la Argentina, donde trabajó durante cinco años en el diseño y ejecución de proyectos de gestión pública subnacional, desarrollo urbano y áreas metropolitanas, entre otros.
Escrito originalmente para el BID
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