La región hídrica de Bogotá abarca casi 10.000 km2 y está compuesta por el Distrito Capital y 53 municipios, ubicados tanto en la cuenca del río Bogotá como fuera de ella. Fuente UN Periódico

La localización y relieve del territorio colombiano otorgan una riqueza hídrica excepcional; sobre este llueve más del doble del promedio mundial y 1,5 veces más del valor estimado en Suramérica, el continente con mayor precipitación. Aunque los promedios anteriores esconden diferencias en la disponibilidad regional, las carencias de agua obedecen más a una desacertada gestión que a una limitación natural. Además, no ha habido un aprovechamiento de esta riqueza, percibida como fuente de desastres y problemas en lugar de factor de progreso y equidad.

No obstante, esta abundancia está amenazada. La creciente contaminación por la falta de tratamiento de las aguas residuales urbanas y actividades como la minería legal e ilegal y la agroindustria, afectan la salud pública y los ríos no pueden utilizarse en la práctica. Asimismo, el cambio climático acentúa los extremos de lluvia y sequía y amenaza el futuro de los páramos y sus funciones relacionadas con el agua.

Corregir esta situación requiere la adopción de una nueva forma de gestión, el reconocimiento de la importancia de los ecosistemas y sus servicios con relación al agua, el consumo racional y la devolución al ambiente con las propiedades adecuadas para garantizar la cantidad y calidad del líquido.

Las experiencias internacionales parten de entender la integralidad del territorio y el agua como bienes públicos y concluyen que la conservación de la riqueza hídrica está basada en dos elementos esenciales: responsabilidad y acción conjunta de la sociedad.

El primero es la construcción colectiva de un territorio sostenible con una calidad de vida digna y equitativa, basada en procesos de desarrollo socioeconómico enmarcados en las potencialidades y límites de la naturaleza. El agua cumple un papel fundamental en este propósito por su carácter vital, eje articulador de los ecosistemas, además, como recurso indispensable y limitado para las actividades socioeconómicas. La disponibilidad de este elemento podría convertirse en un poderoso instrumento para ordenar el territorio y definir los usos del suelo.

La tendencia de articular la gestión del agua con la del territorio, reconociendo su interdependencia, parte de la planificación participativa y de una forma de gobernanza nueva, integradora y cooperativa, que considere y negocie los intereses y las necesidades de los diversos actores que compiten por los usos del agua, lo que ha dado origen a la Gestión Integrada del Agua y el Territorio (GIAT).

La aplicación exitosa de la GIAT requiere como paso inicial la delimitación del territorio donde será realizada. La inexistencia de una estructura territorial y administrativa adecuada para este fin radica en la administración del agua según un criterio que no reconoce el carácter regional del ciclo hidrológico, ni los de las formas y ecosistemas del territorio, que son generalmente supramunicipales, es decir, engloba varios municipios.

Gobernanza integral

Hace algunos años la cuenca hidrográfica era considerada el territorio adecuado para la gestión sostenible del agua. Sin embargo, los límites de los entes territoriales, actores responsables de los servicios de acueducto y alcantarillado, no coinciden necesariamente con los de la cuenca abastecedora y menos con los de los ecosistemas que generan y regulan el agua de este espacio.

Por ello, es empleado el concepto región hídrica, cuyos límites están definidos por la interacción de tres criterios. El primero de ellos es el hidrográfico, que estructura e incluye el sistema hídrico construido, como embalses, trasvases de aguas de otras cuencas, canales, etc. El criterio político– administrativo es un escenario de las actuaciones del Estado con respecto al agua, donde el municipio es célula básica de la gestión. El ecosistémico, por último, aporta los elementos naturales, como la estructura ecológica principal, y su conservación y buen funcionamiento depende la disponibilidad de este recurso líquido.

La región hídrica de Bogotá abarca casi 10.000 km2 y está compuesta por el Distrito Capital y 53 municipios, ubicados tanto en la cuenca del río Bogotá como fuera de ella. Además, son incluidos por la importancia de los servicios ecosistémicos (beneficios que los seres humanos obtienen de los ecosistemas) que ofrecen para garantizar la disponibilidad de agua en la zona.

Es la región más presionada e intervenida del país. En ella viven casi diez millones de personas, el 25 % de la población del país, y genera un tercio del PIB nacional, por lo cual su sostenibilidad es una prioridad nacional. En ese sentido, la Ley orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) es un instrumento muy útil, al establecer formas de asociación entre entes territoriales para realizar proyectos y acciones de interés mutuo con una visión regional, mediante la articulación de visiones y recursos.

Respecto al segundo factor, sobre la acción conjunta de toda la sociedad que implica nuevas actitudes, se propone un sistema integral de gobernanza para el agua y el territorio de la región hídrica, que supere la visión fraccionada y de corto plazo con que es administrada. Este reconoce la existencia de múltiples entes territoriales, autoridades ambientales y actores del agua (involucrados en el manejo, distribución y uso del recurso en un territorio determinado) públicos y privados que deben articularse y cooperar para lograr un fin común, a saber, la gestión sostenible del agua y el territorio.

Un sistema de este tipo debería apoyarse en un conjunto armónico de espacios para la participación de los actores del agua, así como la generación y difusión de conocimiento e información, mediante formas de trabajo en redes, que permitan articular los instrumentos de planificación y los recursos humanos y financieros. El riesgo asociado con fenómenos como la variabilidad y el cambio climático, los fenómenos hidrometeorológicos extremos y las actividades socioeconómicas insostenibles requieren que la GIAT sea proactiva, tenga bases científicas muy sólidas, sistemas de seguimiento y evaluación del estado del territorio para facilitar la toma de decisiones y reducir los riesgos.

Existe un factor especialmente favorable para hacer realidad la región hídrica de Bogotá, este es el fallo del Consejo de Estado sobre la descontaminación del río Bogotá, que con una visión sistémica y regional impone obligaciones a los diversos entes territoriales y a otros actores para mejorar la calidad del río.

La puesta en marcha de esta posibilidad depende de crear el marco jurídico adecuado, que como lo ordena el fallo debe presentar el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible al Congreso como un proyecto de ley, lo cual lleva más de un año de atraso. Es de esperar que el Ministerio aproveche esta excepcional oportunidad para que la nueva normativa inicie otra forma de gobernanza, no solo en la región de Bogotá, sino en todo el territorio nacional. Así, permitiría aprovechar sosteniblemente nuestra valiosa y excepcional riqueza hídrica.