Nueva variedad vegetal mejorada u obtenida. Fuente Agencia de Noticias UN

Proteger las variedades de plantas y los derechos de los agricultores. Fuente Agencia de Noticias UN.

Denuncias de prensa respecto a los abusos cometidos en relación con la expedición de la Resolución 970 de 2010, junto con los reclamos de las comunidades campesinas durante el paro agrario en 2013 (relacionadas con las semillas que ellos mejoran en sus fincas), llevaron a que el Grupo de Investigación Derecho y Desarrollo Prometeo, de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), adelantara un estudio sobre la propiedad intelectual para el uso de semillas, en el cual se observa que los beneficios sociales asociados son cada vez menores.

“Hemos observado que la propiedad intelectual se ha exacerbado y que cada vez se desvirtúa con mayor frecuencia su origen, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 27 del Tratado, aunque se otorga un privilegio de exclusividad como incentivo a la innovación, una vez este vence debe ser considerado como un beneficio social”, explica el profesor Martín Uribe Arbeláez, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la U.N.

Según el experto, en el caso de las semillas se ha desconocido la Ley India de 2001, que protege tanto la obtención industrial de semillas como las mejoradas por las comunidades campesinas.

En tal sentido, el profesor Uribe llama la atención sobre la necesidad de tomar conciencia y diseñar instrumentos jurídicos más equilibrados, con el fin de evitar episodios similares a los que determinaron la multitudinaria protesta campesina que logró poner en jaque al Gobierno nacional, ante la prohibición de almacenar sus propias semillas.

Aunque no se trata de dejar de proteger a los autores de mejoramiento genético de estas semillas, asociados con grandes compañías, el docente considera que también se deben reconocer los derechos de fitomejoramiento realizado por las comunidades campesinas, con el fin de que se permita tanto registrar estas variedades como garantizar una serie de derechos y compensaciones para conservar determinadas especies.

Retomando la postura del profesor Antonio García Nossa –fundador del Instituto de Ciencias Económicas de la U.N.–, esta problemática no se debe analizar desde el punto de vista de la obtención de la mayor eficiencia económica posible, debido a las obvias limitaciones de las comunidades frente a las grandes empresas dedicadas a comercializar semillas mejoradas, sino que también debería contemplar la conveniencia y los beneficios sociales.

Por tales razones, el docente hace énfasis en la necesidad de establecer un modelo que propicie la coexistencia entre el gran sector agroindustrial, junto con el desarrollado por una economía campesina de la que forman parte 12 millones de personas.

“Incluso el director para América latina de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoció la necesidad de impulsar el uso de semillas tradicionales”, destacó el profesor Uribe.

De igual manera, advirtió que de no contar con salvaguardas para los productores campesinos, el panorama sería muy parecido al que se puede observar en el Documental 9.70 (https://www.youtube.com/watch?v=kZWAqS-El_g), en el que se muestra la persecución a la que se vieron sometidos campesinos productores de sus propias semillas.

“Sería volver a echarle leña al fuego a una situación en la que el campo colombiano, de hecho, ya se encuentra bastante golpeado y que podría tener consecuencias en la implementación de los acuerdos alcanzados entre las Farc y el Gobierno”, advierte el profesor Uribe, cuya investigación está reunida en el libro Propiedad intelectual sobre semillas: UPOV – Derechos de los agricultores, publicado por la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la U.N. Sede Bogotá.