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2009-04-24TRABAJO SEGURO Y CON DERECHOS

Sistema Digital |desde 1996, los sindicatos a nivel mundial vienen recordando a las víctimas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales el 28 de abril de cada año. esta iniciativa fue asumida por la oit que convirtió esa fecha en una jornada mundial para llamar la atención sobre los accidentes y las enfermedades provocadas por el trabajo. por su parte, y a propuesta de la comisión nacional de seguridad en el trabajo, el ministerio de trabajo y asuntos sociales, por orden de 30 marzo de 1999, también convirtió el 28 de abril en el día de la seguridad y salud en el trabajo, que se debería de celebrar todos los años en españa
Con este motivo, la OIT, que celebra este año su 90º aniversario, ha comunicado que se han producido en el mundo, aproximadamente, 337 millones de accidentes en el puesto de trabajo, mientras que 160 millones de personas enferman debido a un trabajo inseguro, insalubre, o peligroso. Aunque el trabajo no debiera constituir una tarea peligrosa- en la práctica acaba con la vida de más personas que las guerras-, el gran número de accidentes, junto a las enfermedades profesionales, provocan que anualmente unas 2,3 millones de personas pierdan la vida (por término medio más de 6.000 personas al día). Las ausencias del trabajo, los tratamientos de la enfermedad y de las incapacidades, y las prestaciones de supervivencia que originan las lesiones, las muertes, y las enfermedades profesionales, traen consigo la pérdida del 4 por ciento del producto interior bruto mundial, que es nada menos que 20 veces superior a toda la ayuda oficial que reciben los países en vías de desarrollo. Por su parte, en la UE un total de 27.000 personas mueren por accidentes laborales, cifra que se eleva hasta cerca de las 300.000 si se contabilizan los fallecimientos derivados de enfermedades cardiovasculares, pulmonares, oncológicas, y mentales provocadas por las malas condiciones de salud en el trabajo. En España, según el avance del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en el año 2.008, murieron 1.089 personas (3 al día) durante su jornada laboral o en tránsito hacia el trabajo, 78 menos que en el año anterior. El número total de accidentes con baja laboral descendió un 2,1% (1.739.765). Sin embargo, cuando se desagregan las cifras se observa que los muertos en jornada laboral fueron 831, cinco más que el año pasado, pese al considerable aumento del desempleo y la caída de actividad por la crisis. El descenso se debe a la mejora que se ha producido en el desplazamiento a los centros de trabajo que se cobró la vida de 258 personas, 83 personas menos. En la construcción murieron 263 personas, 15 menos que en 2.007, y en la agricultura 74, cuatro menos que en el año anterior. Esta reducción fue neutralizada con creces por la industria (167) y los servicios (327) donde aumentó la cifra de fallecidos. Estas cifras, así como las pérdidas económicas, y fundamentalmente la pérdida de salud de los trabajadores, justifican que los sindicatos denuncien el terrible azote que representa la siniestralidad laboral para la sociedad española y exigen llevar a la práctica la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2.007-2.012, aprobada en la mesa del Diálogo Social con el propósito de reducir en un 25% la siniestralidad laboral. En dicha estrategia, se abunda en el cumplimiento de la actual Ley 31-1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales aprobada en base a la Directiva Marco de la UE en esta materia que, según los expertos, sigue siendo un buen instrumento normativo para frenar la alta tasa de siniestralidad laboral, aunque haya sido permanentemente ignorada en la práctica por los empresarios y condicionada en su aplicación por el tipo de organización del trabajo que tenemos en nuestro país - basado en la intensificación del trabajo, la precariedad en el empleo, la escasa protección social, y los bajos salarios-, lo que aumenta considerablemente el factor de riesgo para la salud de los trabajadores y nos sitúa a la cabeza de la UE en accidentes laborales. Efectivamente, la situación de nuestro mercado de trabajo contribuye en gran medida a esta tasa de siniestralidad. Dos tercios de los accidentes de trabajo que se producen en España lo sufren trabajadores con contratos temporales. Según el índice de incidencia, por cada 1.000 trabajadores temporales, 96 han sufrido un accidente, más del doble que aquellos trabajadores que tienen un contrato estable. Además, el funcionamiento del "sistema empresarial" ha cambiado y las empresas deciden externalizar distintas áreas de actividad: gestión y administración, producción, distribución, y ventas, con el propósito de abaratar costes y transferir, en la práctica, los riesgos más graves para la salud a los trabajadores de las empresas subcontratadas, y por lo tanto menos exigentes en materia de prevención de riesgos- monetizando la salud-, hecho que contribuye en gran medida al aumento de los accidentes de trabajo. A esta situación hay que añadir que la organización preventiva en las empresas deja mucho que desear, tal como muestra la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. Sólo el 54,7% de los trabajadores indica como media que en su centro de trabajo está constituida la figura del delegado de prevención como órgano especializado de participación, el 20,6% lo desconoce, un 30% no sabe de qué recurso preventivo se dota su empresa e, incluso, un 12% no sabe si en su puesto de trabajo se ha realizado algún estudio de riesgo de accidente laboral. Para paliar esta situación los sindicatos exigen un mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa, con especial atención a las microempresas que representan el 85% del tejido empresarial; mejorar el sistema de prevención fortaleciendo el papel de los interlocutores sociales; incrementar la información e investigación en materia de seguridad y salud en el trabajo; adecuar, mejorar, e implementar la formación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales; y fomentar la participación, coordinación, y eficacia de las administraciones públicas en las políticas de prevención de riesgos laborales (INSHT, Inspección de Trabajo, Fiscalía Especial, Mutuas, Comisión Nacional de Seguridad, Fundación para la Prevención de Riesgos…). En relación con el último punto, UGT viene reclamando la creación de una Agencia Estatal, con capacidad política suficiente para la prevención de riesgos laborales, con la pretensión de resolver los problemas derivados de la falta de coordinación causados por la transferencia de competencias a las comunidades autónomas, su desigual financiación, y la necesidad de optimizar la eficacia de los recursos empleados en los distintos niveles territoriales en materia de prevención de riesgos para la salud de los trabajadores. Finalmente, la situación requiere una mejora en la investigación, y por lo tanto en la detección y el reconocimiento de las enfermedades profesionales vinculadas con el trabajo "que se han convertido en la hermana pobre de la prevención", a pesar de que los expertos predicen un incremento de los diversos tipos de riesgo: físicos, biológicos, químicos, de estrés, así como el riesgo que representa la exposición a las nanopartículas y partículas ultrafinas (el nanómetro es la milmillonésima parte de un metro y el diámetro de un cabello humano mide unos 80.000 nanómetros), que se traducirán, finalmente, en lesiones profesionales poco conocidas y por lo tanto sin prevención en la actualidad (Hunt, Juan Felipe. Oficina de la OIT, España). En todo caso, la disminución de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, hasta situarlas al menos en la media de la UE, sólo será efectiva cuando esté integrada en un modelo de desarrollo en el que el cuidado de la salud sea realmente un recurso productivo y no un mero efecto colateral más o menos asumible en términos económicos, y las empresas terminen por aceptar, de una vez por todas, el concepto de "trabajo decente, seguro, y con derechos" como un concepto rentable, incluso en términos económicos. Además, hay que extender la cultura de la prevención de riesgos para que penetre, tanto en las empresas como en la sociedad; y exigir a los diversos gobiernos (central y de CCAA) que trabajen, y se lo tomen en serio, de acuerdo con la importancia que tienen en una sociedad democrática los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, penalizando como se merecen- a través de la Inspección de Trabajo- las conductas delictivas de algunos empresarios. Para empezar, por ejemplo, se puede hacer lo que está haciendo el gobierno central en relación con la eliminación de los accidentes de tráfico; por cierto, con éxito, y reconocido por todos.

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