Miembros de la OCDE. Foto Wikimedia Commons.

Además le dificulta salir de la inequidad que lo ubica como uno de los países más desiguales del mundo. Análisis.

En 1961, 16 países europeos –más Estados Unidos, Canadá y la Organización Europea de Cooperación Económica (Oece)– crearon la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), con el propósito de armonizar el diseño y la aplicación de políticas de crecimiento económico en los países que adoptaron el Plan Marshall para la recuperación de Europa. Con el tiempo se sumaron a la Ocde otros Estados, y hoy en día son 35, en su mayoría países desarrollados, aunque también incluye a otros como Chile, México y Turquía, de menor nivel de desarrollo.

Se podría decir que la finalidad actual de la Ocde es velar porque los países miembros se mantengan dentro de un patrón de comportamiento económico guiado por los principios del libre mercado, en el marco del neoliberalismo como modelo económico, que desde los años setenta del siglo pasado se pretende que sea mundial.

En esa medida, la Ocde constituye un espacio de evaluación y seguimiento a las políticas nacionales, por medio de 250 comités que monitorean de forma permanente el comportamiento de los gobiernos de los países miembros en temas como:

• La fiscalidad (equilibrios macroeconómicos).
• Educación (pruebas Pisa).
• Seguridad social (cobertura).
• Aspectos laborales (formalidad).
• Medioambiente (sostenibilidad).
• Propiedad intelectual (su ampliación).
• Otras disciplinas del comercio internacional.

La Organización define unos estándares de políticas públicas frente a los cuales se efectúan las evaluaciones, y, según el resultado, emite recomendaciones que los gobiernos están comprometidos a aplicar. Cada año se realiza un foro en el cual se comparten experiencias y lineamientos y se constituyen redes para su implementación. Este es el espacio al que el presidente Juan Manuel Santos ha querido que adhiera Colombia desde cuando llegó al Gobierno en 2010 e hizo la solicitud final de ingreso.

En 2013, la Organización dio vía libre para iniciar el proceso de examen por parte de 23 comités, y fijó una hoja de ruta. Durante los años siguientes, 20 de esos comités aprobaron los informes presentados por el Gobierno colombiano, los cuales contemplaban ajustes institucionales, varios de ellos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y otros, en forma de leyes aprobadas por el Congreso, como la de regulación de conglomerados y de clasificación de licores.

El tema laboral y de políticas sociales es el más álgido de los que están pendientes de aprobación, dada la alta vulnerabilidad a la que han estado expuestos los líderes sindicales, la informalidad del mercado de trabajo local y la baja cobertura en pensiones. Algunos países miembros de la Ocde también han presentado objeciones en el tema comercial, particularmente en lo relacionado con la protección de la propiedad intelectual de compañías farmacéuticas, debido a la política de contención de precios de medicamentos adelantada por el Ministerio de Salud y de la Protección Social.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, visitó el Consejo de la Organización el pasado 22 de enero con el propósito de presentar los avances del Gobierno colombiano en estos temas, con la esperanza de obtener la aprobación para el ingreso antes del 7 de agosto, cuando termina el actual gobierno. No obstante, aún deben sesionar los comités respectivos y someter la decisión final al foro anual, con presencia de los 35 países miembros.

A juzgar por las declaraciones oficiales, el interés del Gobierno de que Colombia sea aceptado como miembro pleno de este club de “países ricos” remite a la búsqueda de una buena imagen internacional frente a acreedores y socios comerciales, además de la adopción de un conjunto de reglas de “buen comportamiento” en el manejo de la administración pública que establece la Ocde, cuyo cumplimiento daría las bases para contar con un gobierno más “moderno” y encauzado al crecimiento y el bienestar social.

Perpetuar la desigualdad

La membresía de Colombia en la Ocde, sin embargo, no está libre de costos. En primer lugar, durante los últimos cinco años el proceso mismo de admisión ha implicado incurrir en gastos administrativos para preparar informes y realizar consultas, además de movilidad internacional, cuyo monto aún no ha sido revelado por el Gobierno. Y si la admisión llegara a ser otorgada, el país tendría que contribuir al presupuesto de la Ocde con una cuota anual proporcional a su tamaño, como lo hacen todos los demás miembros.

Pero, más allá de los costos monetarios, existen otros que pueden repercutir seriamente en el futuro económico del país y en sus reales posibilidades de desarrollo económico y social autónomo y acorde con los intereses de amplias capas de la población.

Uno de esos costos consiste en la cesión de soberanía económica a favor de los dictados de la Ocde que, como se dijo, van en la dirección de profundizar el modelo de desarrollo neoliberal, lo que limita la adopción de esquemas de desarrollo propio y perpetúa la división internacional del trabajo vigente.

En consecuencia, lo que habría que esperar es una profundización del modelo primario exportador que los líderes del país han aplicado desde principios de los años noventa, con el abandono de la opción de modernizar el aparato productivo del país, la investigación científica y tecnológica, poniendo énfasis, en cambio, en las actividades extractivas de recursos naturales de poco valor agregado y, por ende, baja generación de empleo e ingresos, con lo cual se haría más difícil eliminar la profunda iniquidad existente, que hace de Colombia uno de los países más desiguales del mundo.

En conclusión, parece que los costos de hacer parte de la Ocde están muy por encima de los beneficios, por lo que la negación de su acceso no implicaría, en términos netos, un perjuicio para el país.