La Unión Europea congrega a 28 países y concentra el 22 % del comercio económico global. foto: archivo particular

Este panorama obliga a pensar en la relegitimización de un proceso de integración que permita reconectar el interés nacional con la causa europea.

Este año se cumple el 60 aniversario del Tratado de Roma, que marcó el inicio de la integración europea. Como es sabido, dicho acuerdo fue la concreción en norma jurídica de lo enunciado el 9 de mayo por el político francés Robert Schuman quien dijo que “la contribución que una Europa organizada y viva puede aportar a la civilización es indispensable para el mantenimiento de unas relaciones pacíficas”.

La tarea civilizadora que debía asumir la región requería huir de las utopías y de las ideologías que planifican proyectos políticos desgajados de la realidad, de ahí que en su declaración, el estadista Schuman afirmara que “Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho”, justamente la que le ha permitido en este tiempo dar ejemplo de integración pacífica.

No obstante, el 60 aniversario tiene lugar en una de las principales crisis del proyecto europeísta. La efemérides coincide con la activación del brexit por el Gobierno británico, el auge de partidos populistas y euroescépticos y, como mostraron las elecciones presidenciales en Francia, con un amplio porcentaje de ciudadanos críticos con la Unión Europea (UE).

En este contexto de incremento de la desconfianza se hace necesario tanto recordar los elementos positivos como prestar atención a las causas que favorecen el auge del populismo euroescéptico, pues si bien yerran en las soluciones, en ocasiones aciertan al señalar causas que explican el malestar social y la desafección hacia el proceso de integración.

Exitoso proceso de integración

Por lo que respecta a los logros de la ue, hay que poner de manifiesto cómo el proceso de integración se ha realizado por medio del derecho. Se trata de un resultado que no debe ser minusvalorado por la lección civilizatoria que comporta: es el derecho, instrumento de la razón y la justicia, el que ha guiado todo el proceso de integración, desde las primitivas comunidades europeas hasta la Unión Europea de hoy.

También debe mencionarse la creación de una red de “solidaridades de hecho”, como vislumbró Schuman, que si bien en ocasiones se presenta de forma despectiva como una “Europa de los mercaderes” en realidad apunta a la cooperación y la acción voluntaria como medio para alcanzar el desarrollo social.

No es casualidad que desde la puesta en marcha del proceso de integración, Europa haya vivido el mayor periodo de paz y prosperidad de su historia. Es importante reconocer que no se trata solo de logros del pasado; a nadie se le escapa que en el siglo XXI los desafíos a los que se enfrentan nuestras sociedades son lo suficientemente grandes como para concluir que los Estados por sí solos no pueden lidiar con ellos. Sin necesidad de recurrir al argumento del terrorismo internacional se puede mencionar cómo en los últimos años, debido a la globalización y la desregulación, han emergido actores internacionales y transnacionales, tanto públicos como privados, con gran poder sobre las autoridades estatales y los ciudadanos privados.

Con respecto al factor económico, la crisis financiera de 2008 puso de manifiesto la necesidad de abordar algunos problemas a nivel europeo. Han sido las acciones desarrolladas por el Banco Central Europeo las que han preservado todo el sector financiero en Europa Occidental, especialmente en Italia y España. Si este no hubiera inyectado algo de liquidez al sistema, las economías de esos países se habrían derrumbado.

Las mismas consideraciones pueden hacerse en otros temas: desde la protección de los datos personales en relación con los gigantes de Internet –como Google o Microsoft–, a los problemas ambientales, o desde la crisis de los refugiados a la ordenación de los flujos migratorios, etc.

Síntomas de agotamiento

Por lo que respecta a las causas de la desafección, se puede mencionar la percepción entre gran parte de la ciudadanía europea de las instituciones comunitarias como una maquinaria burocrática lejana y costosa ocupada en regular nimiedades, y carente de legitimidad democrática. Si bien se trata de una crítica injusta, sí que evidencia las limitaciones de un modo de entender Europa en el que se pretende sustituir la política por la mera administración.

Al mismo tiempo, hay que señalar que la desafección se relaciona también con el hecho de que la integración se esté desarrollando a gran velocidad y con la realidad de que el paisaje de las sociedades europeas, crecientemente complejas, se haya transformado de manera fundamental. En esta tesitura, los ciudadanos se encuentran en un estado de desconcierto, como espectadores de su propio destino, como si les resultara difícil discernir los nuevos contornos del poder público y reconocerse como sujetos de este desarrollo.

En ese sentido, la respuesta solo permite afrontar los desafíos mencionados si se trata de una respuesta eficiente y eficaz; tal eficacia depende de la capacidad de los órganos de la UE de tomar decisiones.

A este respecto, y más que proceder a democratizar la Unión en sentido estricto –difícil, en ausencia de un pueblo europeo– una relegitimación puede venir por la mejora de los procedimientos intergubernamentales.

Los aspectos estructurales del desarrollo constitucional europeo se derivan de las exigencias del concepto excepcional y original de la UE. La posición y la influencia de sus órganos deben estar organizadas de manera que se mantenga un equilibrio de poderes entre los países miembros y las instituciones comunitarias. Ese equilibrio supranacional se concreta a través del principio de equilibrio institucional de poder para los órganos de la Unión, principio que a su vez deriva del principio democrático.

En su sentido clásico no es posible aplicar el principio democrático en todos los aspectos a la UE y su sistema de gobernanza multinivel. La estructura supranacional de los órganos de la Unión, diferente del modelo de organización del Estado-nación, tiene rasgos muy cooperativos. A escala europea, esto tiene menos que ver con la habitual separación de poderes que con el mantenimiento de un equilibrio institucional que garantice un adecuado grado de legitimación democrática.

Relegitimar el proceso de integración

Es importante considerar que la legitimación de la autoridad de la UE debe venir de los Estados nacionales. Es dentro de los respectivos sistemas constitucionales de los países miembros que los pueblos pueden seguir encontrando la oportunidad más fiable de expresión, elementos que hacen posible un foro democrático funcional para el desarrollo de una opinión pública informada. Además, constituyen el lugar donde la democracia representativa puede funcionar mejor.

Un adecuado fortalecimiento de los Estados, junto con una mejora de los mecanismos de cooperación intergubernamental, servirían para mejorar el funcionamiento de la UE. Por un lado, ayudarían a reconectar el interés nacional con la causa europea, de modo que las instituciones comunitarias dejen de percibirse como un ente abstracto y lejano; por otro, permitirían visibilizar cómo las mencionadas instituciones comunitarias están al servicio de los países miembros y sus ciudadanos, relegitimando así el proceso de integración.

Claro que eso requiere de la concurrencia de valores profundos y compartidos, lo cual en estos momentos brilla por su ausencia. De ahí que, antes que buscar cómo organizarse mejor, la UE –igual que los Estados miembros– deba recordar su identidad.