Siguiendo la lógica del cajero automático, más tecnología significaría poder tener una inversión pública más predecible y segura. Foto Pixnio.

La inversión pública en América Latina sufre precisamente este problema. Cuantiosos recursos siguen siendo detraídos de su mejor uso a nivel regional para llenar los bolsillos que no deberían. Esto afecta a los países y a las economías, siendo la corrupción un factor que afecta negativamente a la inversión. A la inversa, la confianza y más concretamente, la predictibilidad son fundamentales para asegurar una mayor inversión, ya sea privada o pública.

Siguiendo la lógica del cajero automático, más tecnología significaría poder tener una inversión pública más predecible y segura. Sin embargo, en entornos regulatorios, sociales y económicos complejos, no hay que correr tanto: ¿hay que tener fe en las tecnologías a ciegas, o tenemos que buscar más allá?

Por un lado, algunos piensan que usar una tecnología más sofisticada es per se una buena solución para mejorar el gobierno en general. Esta posición está encontrando adeptos en EEUU (ver aquí, aquí y aquí). Esto aplica también en materia de recursos e inversiones públicas: eliminar la discrecionalidad propia de los seres humanos puede resultar tentador: significaría borrar de un plumazo las posibilidades de tajada, exhorto, y desvío de fondos tan propias de la malicia.

No obstante, sabemos que, en la práctica, el problema es más complejo, y el mundo de Matrix no es precisamente un sueño. Reformas estrella en modernización tecnológica, como la abolición del dinero en efectivo en Nigeria pueden dar resultados parciales o indeseados si no se acompañan correctamente desde el lado institucional.

La institucionalidad detrás de las máquinas es crucial para enfocar la tecnología, como apuntan Carlos Santiso y Ben Roseth, y también Diego Arisi en sendos artículos. En palabras de Isaac Asimov, “en un mundo automatizado y educado, las máquinas llegarán a demostrar tener una influencia de lo más humanizadora”. El problema es precisamente llegar a ese nivel de educación, o mejor dicho, de institucionalidad. No en vano, la CEPAL argumenta que en materia de inversión pública, modernizar los sistemas de información incorporando nuevas tecnologías es tan importante como mejorar las capacidades de los equipos técnicos y fortalecer la transparencia.

El caso de MapaRegalías en Colombia ejemplifica la importancia específica de reforzar y capacitar a las instituciones como punto de partida en la mejora tecnológica para una mejor inversión pública. Tomando tecnologías de georreferenciación que ya se estaban implementando en el sector privado, MapaRegalías (una iniciativa del BID y del Gobierno de Colombia) ha obtenido resultados encomiables en el terreno del policy-making gracias a la ordenación, georreferenciación, y visualización de datos sobre inversión pública. Todo esto fue posible gracias al diseño de una arquitectura institucional y de sistemas focalizada en problemas acotados, unida al fortalecimiento de capacidades concretas por parte de las instituciones colombianas.

En caso de estar bien enfocadas, las herramientas de gestión de la información como MapaRegalias también pueden ayudar a una mayor eficiencia. Las empresas también pueden ganar con la adopción de estas tecnologías al pueden mejorar su al actuar en un entorno de información abierta, demostrando la utilidad de la plataforma más allá de la ciudadanía y las instituciones.

Precisamente, la plataforma regional del BID MapaInversiones, que mapeará proyectos de inversión pública en varios países de la región inspirándose de MapaRegalias, busca cumplir con ese propósito. En este caso, pegar un salto cualitativo tecnológicamente pero dentro de un marco institucional adecuado significa incrementar la transparencia y promover condiciones para asegurar potencialmente más inversión pública por la vía de la predictibilidad, y por tanto de la confianza.

Los casos de Paraguay y Costa Rica (países dónde se implementará MapaInversiones), pueden ser útiles para entender este punto. Cómo explica Facundo Salinas, Director del Sistema de Inversión Pública de Paraguay, al tener datos fiables sobre los proyectos de inversión pública, los inversores nacionales e internacionales tendrán más incentivos para plantar semilla en Paraguay. Además, esto puede ser potencialmente beneficioso para otras facetas institucionales en el país, como la ley de APPs aprobada por Paraguay en 2016.

En conclusión, más que pretender terciar en los grandes debates sobre el futuro de la tecnología y sus efectos sobre la gobernabilidad (ver aquí y aquí), la adopción de una tecnología adecuada puede ser de utilidad en la acción de los gobiernos y tener un impacto en la vida diaria de los ciudadanos si es acompañada institucionalmente.

Alejandro Barón es Consultor en la División de Capacidad Institucional del Estado del BID. Alejandro es especialista en economía política y trabaja sobre asuntos relacionados con la mejora de la transparencia en la inversión pública y el fortalecimiento institucional para la gestión de la información en América Latina. Antes de unirse al BID, Alejandro trabajó en el think tank FRIDE, y cofundó dos iniciativas de sociedad civil para mejorar el conocimiento de la juventud española sobre las instituciones europeas. Alejandro tiene una Maestría en Relaciones Internacionales y Economía por la Universidad Johns Hopkins (SAIS), y es Licenciado en Derecho y Economía por la Universidad Carlos III de Madrid. Sigue a Alejandro en Twitter @abarongg